EL SILENCIO COMPLICE DEL PRESIDENTE

El Presidente está siendo obligado, como pocas veces antes, a dar explicaciones. Algunos sindicalistas son corridos por izquierda dentro de sus propios gremios. Una candidatura presidencial -que nunca cobró vuelo- concluyó abruptamente. Una vieja alianza política y electoral se rompió ante la primera adversidad.

La muerte injusta de un maestro en Neuquén provocó todo eso en apenas un apretado manojo de días. Esto último es una lección sobre la permanente inestabilidad de la política. Hace sólo ocho días, antes de que la furia y la violencia se desataran en el Sur, nada de eso podía predecirse.

Una mezcla letal de errores políticos y de peores manejos fácticos del conflicto salarial concluyó en un cambio drástico e imprevisible de la situación. Uno de los debates en boga consiste en plantear la opción entre el orden y la vida.

El presidente Kirchner ha sido el que más fogoneó esa opción desde sus habituales tribunas de incendio. La opción es poco representativa de la discusión de fondo. No puede existir sólo un orden que mata ante la primera rebeldía ni los sectores sociales deberían quedar liberados de responsabilidades y obligaciones frente al conjunto de la sociedad. Hay que ser precisos: ningún manifestante merece morir. La muerte a manos de la policía sólo se justifica cuando ésta es desafiada por delincuentes con armas de fuego.

El Presidente ha hecho lo que hace siempre que se enfrenta con una contrariedad: habla de los periodistas y no del problema. Es ciertamente lamentable que el jefe del Estado hable del periodismo amenazando con una carpeta en la mano, que escondería supuestos archivos. Se trata, seguramente, de los informes que le envía la oficina de la SIDE dedicada a hurgar en la vida y la obra de periodistas y medios de comunicación.

Kirchner cree en ellos como si fueran libros sagrados. En rigor, el Presidente les ha puesto tantas condiciones a los periodistas para trabajar (autocrítica, hacerse cargo de la historia e ignorar la propiedad de los medios, entre otras) que sería más fácil dedicarse a hacer otra cosa. Un país sin periodistas.

¿No significaría eso la culminación de su paraíso personal?

Otro aspecto significativo del problema es que Kirchner no se refiere nunca en público a los policías muertos por la delincuencia común. En las últimas horas, dos suboficiales de la policía murieron "fusilados", para usar un término presidencial, por simples delincuentes.

Una cosa es el policía que mata arbitrariamente a un manifestante, que merece la condena más enérgica de la Justicia, y otra cosa son los agentes que mueren en la calle bajo el fuego de la descontrolada inseguridad. Si el Estado no hace esa diferencia entre unos y otros, la sensación de indefensión de las fuerzas del orden termina acompañando fatalmente el crecimiento del delito.

Entre el garrote y el corazón, las opciones que planteó el Presidente, no hay inocentes en el Estado frente a la muerte de Carlos Fuentealba. Kirchner empujó la responsabilidad de Jorge Sobisch, gobernador de Neuquén y candidato presidencial desde hace varios meses. ¿Cómo ignorar la responsabilidad de Sobisch si, en última instancia, la policía provincial depende de él y de nadie más? ¿Cómo, cuando mantuvo en actividad a un policía con el prontuario del que habría consumado el crimen de Fuentealba?

Al revés, Sobisch cargó la responsabilidad sobre las espaldas de Kirchner. ¿Cómo esquivar también la responsabilidad del gobierno nacional si fue la administración central la que fijó una política salarial para los docentes sin consultar con los gobernadores, que son los que pagan los salarios?

Hubo de todo entre ellos, menos lo único que hacía falta: el necesario diálogo entre el gobierno provincial y el nacional ante la dimensión de la tragedia. (Joaquín Morales Solá)


Cómo se ve en el Congreso la crisis de Santa Cruz

En la Cámara de Diputados, el bloque ARI anticipó que pedirá la interpelación de los ministros del Interior, Aníbal Fernández, y de Educación, Daniel Filmus. En el Senado, el radicalismo presentó un proyecto que modifica la ley de financiamiento educativo para que sea la Nación -y no las provincias- la que realice el mayor esfuerzo económico para solventar los salarios docentes.

La oposición aprovechará el escenario legislativo para salpicar al Gobierno por la crisis política y social que padece Neuquén. Considera que el problema salarial de los maestros no se circunscribe sólo a la provincia del jaqueado Jorge Sobisch, sino que afecta también a otros distritos -como Salta y Santa Cruz-, con fuertes conflictos docentes. Asegura que la Nación es corresponsable de estos estallidos, por cuanto la ley federal de educación impone a las provincias el mayor esfuerzo económico para afrontar los sueldos -el 60% de los recursos- mientras que la Nación, superavitaria, aporta el 40%.

Pese a que intentó esquivar el asunto, el ministro y candidato a jefe de gobierno porteño Daniel Filmus -que ayer estuvo en la Comisión de Educación del Senado- finalmente dio la cara. Rechazó el "fusilamiento", como dijo el presidente Néstor Kirchner, del maestro Carlos Fuentealba y deslindó responsabilidades de la Nación. "Hemos cumplido estrictamente con lo que marca la ley de financiamiento educativo", enfatizó, al tiempo que recalcó que con Néstor Kirchner se cuadruplicó el monto de los salarios docentes.

"El asesinato, el fusilamiento del maestro Carlos Fuentealba es uno de los hechos más graves que debió enfrentar la sociedad argentina en estos tiempos de democracia", enfatizó Filmus ante los legisladores.

El ministro, aduciendo problemas de agenda, intentó retirarse sin dar declaraciones de la comisión legislativa, pero el senador Gerardo Morales (UCR-Jujuy) lo frenó en seco. "Lo que sucede aquí es que hay una Nación cada vez más rica y provincias más pobres; en el fondo, el problema docente tiene que ver con la distribución federal de los recursos", insistió el legislador radical.

Mientras Filmus debía lidiar con la oposición en el Senado, en la Cámara de Diputados el oficialismo intentaba encauzar el debate previsto para hoy. Reunió a los presidentes de los bloques opositores y acordaron un texto que será aprobado hoy. En él los legisladores repudiarán lo sucedido en Neuquén y bregarán por la solución pacífica -no represiva- de los conflictos laborales.

La decisión se adoptó tras la visita de Hugo Yasky, titular de Ctera, a la presidencia de la Cámara baja (de lo que se informa por separado). Pero los diputados de la oposición anticiparon que, en el recinto, irán más allá. "El oficialismo debe dar cuenta de la «militarización» de las escuelas en Santa Cruz", alegan en la UCR.

Desde ARI, Eduardo Macaluse insistirá en que el Gobierno incurre en doble discurso pues, mientras dice ser contrario a la represión de los conflictos sociales, "se vive una ola represiva en Salta y en Santa Cruz".(La Nación)